La CEDU pretende la eliminación del literal b del artículo 708, que establece la responsabilidad solidaria de las entidades que intermedian en actividades vinculadas al turismo.
Dicha disposición prevé: “La designación de responsables solidarios para aquellas entidades residentes y no residentes que actúen como intermediarios, cuando se desarrollen actividades que transporte terrestre de pasajeros o alojamiento turístico, de modo informal”.
El vicepresidente de CEDU, Álvaro Lamé, explicó que el proyecto atribuye responsabilidad solidaria por tributos y multas a las empresas que “intervengan” en los negocios referidos siempre que se den ciertas circunstancias y los actores principales de dichos negocios no cumplan con sus obligaciones tributarias o sean sancionados en alguna forma.
“Las empresas que no participan en la negociación inmobiliaria, turística o arrendaticia, o de transporte terrestre de pasajeros, no deberían verse involucradas en los riesgos y vicisitudes del negocio que realizan sus clientes. Las empresas de tecnologías no tienen por objeto realizar ese tipo de actividades, ya que su negocio es otro diferente”, afirmó Lamé.
Desproporción
Durante el encuentro con los legisladores, los representantes de la gremial señalaron que “resulta evidente la desproporción que existe entre la actividad que se desarrolla y la responsabilidad indirecta que se les asigna a los operadores tecnológicos”.
También indicaron que el texto propuesto no sólo genera una injusta carga tributaria adicional para empresas que nada tienen que ver con los negocios que realizan sus clientes, sino que además la imprecisión de su redacción podría ocasionar perjuicios aún mayores a otros operadores que no se pueden determinar de antemano.
En la reunión, los miembros de CEDU solicitaron la “supresión” del texto cuestionado, de modo de que se elimine cualquier tipo de responsabilidad para las empresas que no tengan por objeto la mediación o intermediación en la prestación de los servicios enumerados en el literal.
Asimismo, en su presentación hicieron énfasis en el compromiso de la asociación empresarial con la promoción del cumplimiento por parte de sus socios de las normas vigentes en el país, en particular de aquellas relacionadas con las obligaciones tributarias y de la seguridad social.
En este sentido, Lamé sostuvo que “el planteo realizado no tiene por objeto pretender ignorar o abstraerse a las obligaciones fiscales o tributarias que puedan gravar a las empresas asociadas a CEDU”.